Programa de compliance penal para tu empresa industrial

La responsabilidad penal de las personas jurídicas obliga a los órganos de dirección a demostrar que la empresa dispone de medidas eficaces de prevención. Para una empresa industrial de tamaño medio, esto no es solo una cuestión legal: es un requisito cada vez más frecuente en licitaciones, homologaciones de proveedor y operaciones de due diligence.

Un programa de compliance penal bien estructurado ordena los controles internos, establece protocolos claros para la toma de decisiones de riesgo y proporciona evidencia documental ante cualquier requerimiento. Las consultorías de compliance especializadas a las que trasladamos tu solicitud analizan la exposición concreta de tu empresa, diseñan el modelo de prevención proporcionado a tu actividad y acompañan su implantación sin burocracia innecesaria.

El mapa de riesgos penales de la empresa

El punto de partida de un modelo de compliance penal es el mapa de riesgos: identificar qué delitos podrían cometerse en el ejercicio de la actividad —contra los trabajadores, fraude, corrupción, delitos medioambientales— y dónde están los puntos débiles de control. La consultoría especializada elabora ese mapa adaptado al sector y al tamaño de la empresa.

El modelo de prevención de delitos y el artículo 31 bis

El marco penal vigente en España contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Disponer de un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos puede actuar como eximente o atenuante ante una imputación. La consultoría especializada diseña ese modelo —controles, protocolos y formación— de forma proporcionada al riesgo real de la empresa.

El órgano de cumplimiento y el código ético

Un programa de compliance penal eficaz necesita un órgano de cumplimiento que supervise su funcionamiento con autonomía, un código ético que fije las pautas de conducta y un canal de denuncias operativo. La consultoría especializada define esas piezas y el sistema de seguimiento que demuestra que el modelo no es un documento, sino una práctica viva.

Los requisitos del artículo 31 bis, uno por uno

Para que el modelo exima a la empresa cuando el delito lo comete un directivo, el artículo 31 bis.2 del Código Penal exige cuatro condiciones:

1. Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado el modelo con eficacia antes del delito.
2. Que su supervisión esté en manos de un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control.
3. Que quien cometió el delito haya eludido el modelo de forma fraudulenta.
4. Que ese órgano no haya dejado de supervisar ni lo haya hecho de forma insuficiente.

Y el apartado 5 fija seis requisitos para el propio modelo: identificar las actividades de riesgo, establecer protocolos de decisión, gestionar los recursos financieros para impedir delitos, obligar a informar al órgano de supervisión, contar con un sistema disciplinario y verificarse de forma periódica. Son las seis piezas que recoge el programa.

La norma UNE 19601 y la ISO 37301

La UNE 19601 es la norma española de sistemas de gestión de compliance penal. UNE publicó su nueva versión en abril de 2025, que sustituye a la de 2017. Entre otros cambios, alinea las funciones de compliance con las normas ISO actuales y separa la formación de la sensibilización.

La ISO 37301:2021 es la norma internacional de sistemas de gestión de compliance. Cubre cualquier obligación de cumplimiento, no solo la penal, y encaja en empresas que ya tienen otros sistemas ISO.

Ninguna de las dos es obligatoria. Certificarse sirve para acreditar el modelo ante clientes, licitaciones o un juzgado. La certificación la emite una entidad acreditada, independiente de la consultoría que implanta el sistema.

Responsable de cumplimiento externo

El órgano que supervisa el modelo puede apoyarse en un responsable de cumplimiento externo, una figura que muchas pymes eligen porque no tienen a nadie en plantilla con esa dedicación. En las empresas de pequeñas dimensiones, las que pueden presentar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el Código Penal permite que esa supervisión la asuma directamente el órgano de administración.

Qué determina el presupuesto del compliance penal

• Actividad y riesgos. Una empresa que contrata con la Administración, maneja residuos o exporta tiene más riesgos que cubrir.
• Tamaño y estructura. La plantilla, los centros y las sociedades del grupo.
• Controles que ya existen. Si hay procedimientos financieros, código ético o canal, se integran en lugar de crearlos.
• Certificación. Preparar la UNE 19601 o la ISO 37301 añade trabajo de sistema de gestión.
• Supervisión posterior. Responsable de cumplimiento externo, formación y verificaciones periódicas.

La consultoría especializada te presenta el presupuesto después de conocer tu empresa, con el alcance de cada fase por escrito.

Normatia no ejecuta directamente el análisis, la implementación ni la verificación del cumplimiento normativo; esa responsabilidad recae en la consultoría habilitada con la que el cliente formaliza el contrato. La certificación de los sistemas de gestión la emite, en su caso, una entidad de certificación acreditada por ENAC, independiente de la consultoría. Normatia tampoco presta asesoramiento jurídico: la aplicación concreta de cada obligación reglamentaria depende de las circunstancias de cada empresa y debe confirmarse con un profesional cualificado.