Canal de denuncias obligatorio: cumple sin improvisar

La obligación de disponer de un sistema interno de información afecta a miles de empresas industriales en España que aún no lo han implantado o lo han hecho de forma incompleta. No se trata solo de evitar sanciones: un canal de denuncias bien configurado es una herramienta de gobierno corporativo que protege a la empresa, a sus trabajadores y a su reputación frente a clientes y organismos públicos.

Centralizamos tu solicitud y la trasladamos a consultorías de cumplimiento normativo especializadas, especializadas en protección del informante y compliance. Sin coste ni compromiso para tu empresa.

Qué requisitos debe cumplir el canal según la Ley 2/2023

La Ley 2/2023 exige que el sistema interno de información garantice la confidencialidad del informante, admita comunicaciones escritas y verbales, acuse recibo en el plazo legal, designe a un responsable del sistema con independencia funcional y mantenga un libro-registro de las informaciones recibidas. La consultoría de compliance especializada configura el canal con todos esos requisitos.

El protocolo y el procedimiento de gestión del canal

Un canal de denuncias no es solo un buzón: necesita un procedimiento de gestión que defina los plazos, las fases de tramitación, las garantías para el informante y para la persona afectada, y las reglas de conservación. La consultoría especializada redacta ese protocolo y forma a la persona responsable del sistema, de modo que cada comunicación se tramite conforme a la ley.

El canal de denuncias en empresas de menos de 50 trabajadores

Las empresas por debajo del umbral general de plantilla pueden quedar obligadas por otros supuestos —según el sector o la actividad— y, cuando lo están, la ley contempla que compartan los medios de gestión del canal. La consultoría de compliance especializada confirma si tu empresa entra en el ámbito de aplicación y en qué condiciones puede compartir recursos.

Quién está obligado a tener canal de denuncias

El artículo 10 de la Ley 2/2023 obliga a las empresas privadas con 50 o más trabajadores. También obliga, con independencia de la plantilla, a las que operan en servicios y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad del transporte y medio ambiente, y a los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones que reciben o gestionan fondos públicos.

Software del canal de denuncias o gestión externa: qué elegir

Son dos decisiones distintas que a menudo se mezclan.

• El software es la herramienta: recibe las comunicaciones, permite el anonimato, guarda el registro y avisa de los plazos. Lo puede usar la propia empresa.
• La gestión externa es el servicio: un tercero recibe las comunicaciones, las ordena y las traslada. El artículo 6 de la ley lo permite, siempre que se respeten todas sus garantías y la responsabilidad siga en el Responsable del Sistema.

Una empresa con poca plantilla y sin nadie con experiencia suele preferir la gestión externa. Una empresa con departamento de cumplimiento suele quedarse solo con el software. La consultoría especializada te propone la combinación que encaja con tu organización.

El Responsable del Sistema y la Autoridad Independiente

El Responsable del Sistema es la persona que responde de que el canal funcione. Lo designa el órgano de administración, y el nombramiento se comunica a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o a la autoridad autonómica que corresponda, en el plazo que fija el artículo 8 de la ley. La consultoría especializada prepara esa comunicación y forma a la persona designada.

Qué determina el presupuesto del canal de denuncias

• Plantilla y centros. Influyen en la herramienta y en la formación.
• Software, gestión externa o ambos. El servicio de recepción externa añade una cuota de gestión.
• Documentación. Política, procedimiento y registro, nuevos o adaptados a los que ya existen.
• Integración con el compliance penal. Si la empresa tiene o quiere un modelo de prevención de delitos, el canal se diseña como parte de él.
• Idiomas y grupo de empresas. Varias sociedades o plantilla de otros países amplían el alcance.

La consultoría especializada te presenta el presupuesto con cada partida por escrito.

Normatia no ejecuta directamente el análisis, la implementación ni la verificación del cumplimiento normativo; esa responsabilidad recae en la consultoría habilitada con la que el cliente formaliza el contrato. Normatia tampoco presta asesoramiento jurídico: la aplicación concreta de cada obligación reglamentaria depende de las circunstancias de cada empresa y debe confirmarse con un profesional cualificado.